por El Mostrador.cl
21 de septiembre 2006
Ministro Haroldo Brito recalificó encausamientos contra ex miembros del organismo represivo involucrados en el operativo, entre ellos, el general (R) Hugo Salas Wenzel, el mayor (R) Álvaro Corbalán Castilla y el teniente coronel (R) Krantz Bauer Donoso. Según el dictamen, está probado que los cinco desaparecidos fueron lanzados al mar desde un helicóptero del Ejército.
Un total de doce ex agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) fueron procesados por su eventual responsabilidad en el secuestro calificado de cinco miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en represalia al rapto del coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera registrado en septiembre de 1987.
La decisión fue adoptada este jueves por el nuevo ministro instructor del caso, Haroldo Brito, quien recalificó los encausamientos que su momento habían dictado el juez Mario Carroza y el hoy integrante de la Corte Suprema Hugo Dolmestch.
Brito tramita desde julio pasado el proceso por la desaparición de Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, José Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas y Manuel Sepúlveda Sánchez, quienes son considerados los últimos desaparecidos de la dictadura.
El dictamen afecta al general (R) Hugo Salas Wenzel, otrora director de la CNI, y sus subalternos el brigadier (R) Álvaro Corbalán Castilla y Krantz Bauer Donoso, quienes fueron encausados en calidad de coautores del secuestro de Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola.
El magistrado, además, procesó como coautores de los secuestros de Peña Maltés, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete y Muñoz Otárola a los ex agentes Manuel Ángel Morales Acevedo, César Acuña Luengo y René Valdovinos Morales.
En tanto, los ex miembros de la CNI Víctor Ruiz Godoy, Manuel Ramírez Montoya, Luis Sanhueza Ross, Luis Santibáñez Aguilera fueron encausados como coautores de los secuestros de Alejandro Pinochet Arenas, Sepúlveda Sánchez, Fuenzalida Navarrete, y Muñoz Otárola.
Finalmente, el dictamen también afecta a Gonzalo Asenjo Zegers y Rodrigo Pérez Martínez, quienes enfrentan cargos en calidad de encubridores de los mencionados delitos, y que por primera vez son procesados en esta investigación.
El piloto Aquiles Navarrete confesó que la orden para asesinar y hacer desaparecer a los detenidos provino del propio Augusto Pinochet, que se indignó al enterarse de que la CNI pretendía canjearlos por el coronel Carreño.
Según trascendió en fuentes judiciales, hasta ahora no existe certeza de que él y los copilotos Luis Campos y Héctor Barrientos, al momento de los hechos, hayan estado en conocimiento de que los bultos trasladados contenían los restos de los frentistas.
Información compartimentada
Según la resolución del magistrado, está probado que los cinco frentistas fueron secuestrados en represalia por el secuestro del coronel Carreño, entonces funcionario de la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), perpetrado el 1 de septiembre de 1987. “Funcionarios e la CNI procedieron a secuestrar a cinco miembros del FPMR, para eventualmente canjearlos por dicho oficial, los que fueron elegidos desde los archivos institucionales”, sostiene el dictamen.
El fallo agrega que "entre los días 9 y 10 de dicho mes, distintas personas ejecutaron dicha decisión (del secuestro), siendo llevadas las personas retenidas hasta el Cuartel Borgoño de esa entidad de seguridad, donde se les mantuvo ocultos y bajo custodia".
El dictamen agrega que cuando se produjo la aparición de Carreño, desde dicho lugar “fueron retirados por funcionarios del mismo organismo (CNI) cinco cadáveres que, por las informaciones ya referidas, razonablemente pueden estimarse sean las personas secuestradas, cuerpos que por haber sido lanzados al mar desde un helicóptero militar, no se encuentran identificados”.
“De las mismas probanzas, también resulta acreditado que la participación del helicóptero del Ejército y de sus pilotos fue dispuesta por el mando militar que controlaba estas operaciones de investigación del secuestro del mencionado oficial”, añade la resolución.
Si bien el magistrado reconoce que el secuestro de los cinco frentistas fue gestado a partir de una decisión única, su ejecución contó con la participación de distintas unidades y funcionarios de la dictadura militar, que tuvieron acceso a información compartimentada.
"El secuestro de las cinco personas de que se trata no puede sino entenderse como gestado en una resolución delicitiva única, ejecutado con el concurso y concierto de funcionarios de diferentes reparticiones sujetas a mandos diferentes, y a quienes se encomendó actuaciones parciales”, precisa.
